Fuente: www.elcato.org
Un sector del gobierno con el que simpatiza y del cual forma parte el mismo presidente de la República, Fernando Lugo, se encuentra realizando una serie de actividades cuyo propósito consiste en captar adeptos en sectores de la sociedad de modo a lograr su fidelidad para las elecciones del 2013.
El gobernador “liberal” Paková Ledesma anda recorriendo diversos lugares del país, insistiendo en medidas desde el Indert (Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de las Tierras) que pongan en entredicho la posesión de la tierra. Por otra parte, ya en el sector urbano, este grupo está ganándose gente que resultan beneficiarios en el programa Tekoporá de la Secretaría de Acción Social. Los miembros de este sector político modificaron su estrategia. Del radicalismo más puro, ahora pasaron a proponer reformas con sentido "social", condimentado de populismo y nacionalismo. Pero la idea y línea de acción es la misma. Consiste en avanzar hacia el socialismo agrario para terminar con la iniciativa empresarial que dispensa el mercado de base liberal.
El grupo que dirige esta actividad desde el gobierno apela al resentimiento hacia aquellos que para ellos son sus enemigos, los empresarios y estancieros. Esta linea de pensamiento es coherente con el ideal de Marx quien en su Manifiesto comunista de 1848 sostenía: “Una violación despótica del derecho de propiedad será indispensable para cambiar todo el sistema de producción capitalista”. De este modo, otro de los destinatarios del odio de este sector es la agricultura empresarial. Igual linea de pensamiento es llevada a cabo por Hugo Chávez en Venezuela y Evo Morales en Bolivia.
En nuestro país, pretenden acelarar todavía más la “revolución”. Desean aprovechar el hecho cierto de formar parte del gobierno en el mismo poder ejecutivo. El reciente decreto 7525 firmado por el presidente Lugo introdujo en la sociedad paraguaya un marco jurídico de inestabilidad y violencia en el sector rural.
El decreto como acto administrativo emanado por el poder ejecutivo posee contenido normativo reglamentario que pone en ejecución la ley que a su vez debe ser coherente con la normativa constitucional. En tal sentido la Ley Nº 2532 que establece la zona de seguridad fronteriza de la República del Paraguay, no es más que un resabio del pensamiento nacionalista que se contradice con el genuino sistema republicano de gobierno que promueve el patriotismo, en el entendimiento que la Patria además de su historia y su geografía consiste en el conglomerado social constituido por cada uno de sus habitantes, de acuerdo al dictum establecido por Eusebio Ayala, reconocido como el Presidente de la Victoria.
Excusa para la inutilidad y la ineficiencia
El decreto firmado por el presidente Lugo no es más que una excusa para la inutilidad y la ineficiencia para que el Estado haga lo que no debe hacer y se dedique a realizar actividades que están establecidas su andamiento en el derecho civil. De esto trata el ius civilis, los derechos de propiedad. Aquella inutilidad e ineficiencia se demuestra con la desautorización jurídica de impedir a los extranjeros o personas jurídicas a no ser propietarios, condóminos o usufructuarios de inmuebles rurales en una franja de 50 kilómetros adyacente a las líneas de frontera terrestre y fluvial dentro del territorio nacional.
El decreto firmado por el presidente Lugo además resulta inconstitucional. Y lo es no solo desde su mismo origen legal sino por la manifiesta operatividad que denota una extrema arbitrariedad administrativa del poder ejecutivo, otorgándose este órgano atribuciones que solo el congreso puede establecer, como en efecto lo son las facultades atribuidas al Ministerio de Defensa Nacional.
De este modo los militares se irán convirtiendo en agrimensores y comisarios a la usanza de la vieja Unión Soviética. La obligación de los extranjeros de presentar una autorización para radicarse en la zona mencionada de acuerdo a la ley 2532 en su artículo 2 y luego de inventariar las condiciones dominiales de los inmuebles rurales con la participación de las FF.AA. no es más que el camino seguro de la incertidumbre y del caos social. Nuestra Constitución y las leyes civiles de la nación establecen de modo claro lo que se denomina la prelación de leyes y la dinámica propia de los actos de posesión que hacen a los derechos de propiedad.
La mensura como el deslinde es una facultad otorgada precisamente para proteger la propiedad y no para hacerla asequible a la discrecionalidad y capricho de los gobernantes de turno, tal como lo hace el decreto 7525 del poder ejecutivo en nuestro país. Y si esto último se acepta y lo secunda el mismo congreso sin ponerle reparos al Ejecutivo es porque el congreso abdica de su rol de contrapeso del poder y prefiere el abuso de la autoridad.
En una época donde el populismo combinado con el nacionalismo más retrógrado parece resurgir en el continente, desde Cuba, pasando por Venezuela y Bolivia, los paraguayos no debemos tolerar ningún acto administrativo de la autoridad pública que no contenga el principio de legalidad. Nada puede ser más perjudicial para la justicia y la paz que el de otorgarle por decreto atribuciones al presidente de la República para que a través de un Ministerio, brazo ejecutor de las políticas del Ejecutivo, afecte los derechos de propiedad obligando, entre otras cosas, a los dueños a presentar sus títulos en un plazo no superior a 72 horas a tenor del decreto 7525. El modelo de reforma “agraria y social” impulsado por el presidente Lugo y sus camaradas conducirá a la violencia extrema en el campo, la desinversión en capitales y tecnología, para luego hacer caer en ruina a la democracia.
Víctor Pavón es Decano de la Facultad Derecho de la Universidad Tecnológica Intercontinental (Paraguay) y autor de los libros Gobierno, justicia y libre mercado y Cartas sobre el liberalismo.
Este artículo fue publicado originalmente en ABC Color (Paraguay) el 14 de noviembre de 2011.
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